De cómo los pobres ayudan a saldar las deudas del gobierno

Cuando veía películas ambientadas en siglos pasados en las que las cárceles estaban llenas de deudores de todo tipo, me reconfortaba saber que ya no se podía encarcelar a nadie por deuda. Hoy en mi recorrido por los periódicos cibernéticos me encuentro con un artículo de la siempre alerta y comprometida periodista Barbara Ehrenreich que se titula: “Preying on the poor.” En este ensayo que fue la editorial en Tomdispath.com, Ehrenreich denuncia como los patronos engañan a los empleados para privarlos de sus ganancias. Cosas tan insospechadas como quitarles unos dólares de sus cheques, sin que el empleado lo note. Que descaro. Desafortunadamente eso no es lo peor. En algunos estados de la nación norteamericana, el gobierno ha comenzado a formular leyes para castigar aun más a los pobres.  Según Ehrenreich (quien basa parte de sus argumentos en el recién publicado libro de Kim Bobo Wage Theft in America) en algunos estados te pueden multar por tirar una colilla de cigarrillo al piso, trepar los pies a un asiento vacío en el Subway(NY), o hasta por tener un patio descuidado. En algunas ciudades hasta te pueden multar por darle comida a un indigente en público--supongo que en secreto está bien
.
Todo parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero no es así.  Hay formas veladas de multarnos también: nos multan por usar facilidades públicas como el expreso, por tener un vehículo (léase marbete) y por solicitar cualquier documento a una entidad pública que pagamos los contribuyentes. 

Sigue Ehrenreich su argumento, asegurando que aun cuando ser pobre todavía no es un crimen, más y más pobres son encarcelados por deudas. No sólo por deudas económicas sino por no poder pagar las multas que se les imponen por varios crímenes menores.

Aquí una interesante estadística:

According to one of the few recent nationwide estimates, from the National Association of Criminal Defense Lawyers, 10.5 million misdemeanors were committed in 2006. No one would risk estimating the average financial penalty for a misdemeanor, although the experts I interviewed all affirmed that the amount is typically in the “hundreds of dollars.” If we take an extremely lowball $200 per misdemeanor, and bear in mind that 80%-90% of criminal offenses are committed by people who are officially indigent, then local governments are using law enforcement to extract, or attempt to extract, at least $2 billion a year from the poor.

Como muchos de los que tienen deudas no pueden saldarlas porque se encuentran desempleados, tratar de cobrarles solo resulta en aumentar el número de personas encarceladas.  (Igual que en PR, muchos estados encarcelan a padres que deben pensiones alimentarias.  Esto lo hace aun más difícil para el o la deudor/a saldar la deuda con sus hijos).


Otros ejemplos:  “Michigan just started suspending the drivers’ licenses of people who owe money for parking tickets.  Las Cruces, New Mexico, just passed a law that punishes people who owe overdue traffic fines by cutting off their water, gas, and sewage.”

Todo esto, es mi forma de expresar mi rechazo a la propuesta de eliminar el derecho absoluto a la fianza.  Después de todo, son los pobres y los marginados los que llenarán las cárceles del país. Los ricos y bien conectados seguirán impunemente robando al erario y a los trabajadores de todo tipo.