No sé, pero me parece que es nada menos que una brutalidad hacer trampas en las planillas si uno siquiera acaricia la idea de correr para un puesto público.
De Certeau en La práctica de la vida cotidiana proponía que los obreros utilizaban lo que el llamaba "la perruque" como una táctica de apoderamiento. Dicha táctica consistía en llegarse a trabajar, pero utilizar las horas laborables para realizar tareas ajenas al trabajo por el cual se le había contratado. Por ejemplo, trabajo en una oficina de servicios al cliente y cada vez que puedo, aprovecho para sacar el libro de Avon y distribuirlo entre mis compañeros de trabajo, o aprovecho para traducir o mecanografiar, con los recursos del patrono un documento por el cual se me va a pagar de forma privada. Dice De Certeau que esto es una forma de subvertir el sistema. No se le roba directamente, ya que nada falta en el área de trabajo, pero sí de manera indirecta.
En teoría, entiendo el uso de esta táctica entre los obreros de las fábricas y admito que hasta cierto punto lo justifico. A veces el patrono y las condiciones de trabajo no dejan otra. Es, supongo la teoría también del jaiba, aprovechar las debilidades del sistema para provecho personal. Sin embargo, no lo puedo condonar cuando viene de los que ya tienen privilegios en demasía. Que un pobre infeliz que tiene que como decía un pariente, vender el desayuno para comprar el almuerzo, no pague su consumo de electricidad, es muy diferente a que no la pague el Secretario de Educación. Que aunque no fuera secretario de nada en el 2008, aspiraba a serlo. Es cierto que me molesta e incomoda que el vecino, que cree en la jaibería como modo de vida, se robe la señal del cable o Dish, compra DVDs piratas y no informa los ingresos que obtiene por debajo de la mesa, mientras que yo trato de vivir de acuerdo a otros estándares--no necesariamente mejores, pero diferentes sin duda--y como recompensa pago más contribuciones que Fortuño y García Padilla (¡GP hasta recibe reintegro!). Pero me rejode sobremanera, que los políticos, que se las cantan de decentes y de preocuparse "por los valores" tengan recelo alguno en mostrar sus planillas y activos.
Alguna vez leí de un pueblito en algún rincón de los Estados Unidos, de esos counties pequeños, que cada vez que elegían a un funcionario se le obligaba a pesarse en algún lugar público—así como a los boxeadores. Al completar su término, se le volvía a pesar para comprobar cuánto había aumentado de peso. La idea era que si el incumbente había engordado, eso significaba que no había invertido la energía necesaria para administrar el county como era debido y que tal vez estaba lucrándose a expensas de sus conciudadanos. Acto seguido se le imponía una multa equivalente al peso que hubiese adquirido. Con esa idea en mente, acá podríamos exigir que todo el que aspire a un cargo público mostrara no sólo sus planillas sino también deberá exponer todos sus haberes al escrutinio de los votantes al comienzo de su término y al final del mismo. Ningún alcalde, legislador ni gobernador debería terminar su cuatrienio con el doble de lo que tenía cuando empezó. ¿Cómo es posible que el que tenía una casa modesta en el 2008, tenga al cabo de cuatro años una mansión y un apartamento exclusivo en el área metro? Si a la mayoría de los que pagamos contribuciones--apenas el 38% de la población--nos cuesta ahorrar para comprar una IRA que nos proteja en el futuro y nos alivie la carga contributiva inmediata.
Puesto que la mayoría de los políticos alegan que trabajan para el pueblo, se les impondría un gravamen a cualquier sueldo o propiedad que adquiriesen al cabo de cuatro años (o por el tiempo que sirviera). El impuesto sería calculado a base de lo que podría haber ganado si fuese un empleado a salario mínimo. De este modo nos aseguraríamos que solo se ganó lo justo y necesario. De esta manera también mantendríamos al servidor público lejos de las tentaciones naturales del puesto ya que sabría que todo lo ganado de manera subrepticia tendría que entregarse al erario.
